Santo Domingo. El Ministerio de la Mujer valoró como positiva la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de la declaración de urgencia del conocimiento de acción directa de inconstitucionalidad contra el Artículo 142 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral que establece la cuota de género a nivel nacional y no por demarcación territorial, lo que vulnera la participación política de las mujeres en los cargos electivos.
Tras la audiencia, en la que el Ministerio de la Mujer funge como accionante de intervención voluntaria, la directora de Gabinete de la institución, Carolina Alvarado Bolaños, afirmó que “la ley debe ser progresiva y nunca retroceder en materia de derechos de las mujeres”.
Alvarado Bolaños aseguró que para el Ministerio de la Mujer las nominaciones y propuestas de candidaturas a diputaciones, regidurías y vocales, deben estar integradas por no menos de un 40%, ni más de un 60% de hombres y mujeres de la propuesta territorial y no nacional como está establecido actualmente.
Por otro lado, la representación legal del Ministerio de la Mujer, compuesta por los abogados Juan Carlos Sánchez y José Ureña, y la abogada Melina Zaiz, resaltaron la importancia del precedente de declaratoria de inconstitucionalidad sobre artículos de esta naturaleza, tal como señaló el magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Milton Ray Guevara, quien refirió que las decisiones del Tribunal Constitucional “son definitivas e irrevocables y que constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes del Estado”.
El equipo jurídico del Ministerio de la Mujer explicó que la institución fue citada por el TC e hicieron acto de presencia amparados en la Ley 86-99 que crea el ministerio como el ente rector de la política nacional para la igualdad y equidad de género, que le responsabiliza de evaluar los marcos jurídicos existentes y proponer modificaciones legales que erradiquen todas las formas de discriminación contra la mujer y que limiten sus derechos.
Asimismo, el Ministerio de la Mujer fundamenta su intervención en sus atribuciones de monitorear y promover el cumplimiento de los convenios y tratados que se han ratificado entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que forma parte del bloque de constitucionalidad del Estado dominicano.
Durante las conclusiones solicitaron al Tribunal Constitucional, realizar una interpretación de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral en consonancia con la Constitución Dominicana, y que disponga la aplicación de la cuota de género por demarcación territorial, en sustitución de la propuesta nacional.
La directora de Gabinete, Carolina Alvarado Bolaños, dijo que el Ministerio de la Mujer espera que el fallo sea consecuente con lo que ya se ha planteado anteriormente y lo que el mismo tribunal ha dispuesto respecto a la participación política de las mujeres.
La comisión del Ministerio de la Mujer estuvo también compuesta por la viceministra Administrativa, Doris Javier; y la directora de Comunicaciones, Carolina Acuña.
Santo Domingo. La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, encabezó la comisión del Ministerio de la Mujer de República Dominicana que participó este jueves 23 y viernes 24 de febrero en el seminario iberoamericano sobre violencia económica: "La violencia económica y patrimonial como violencia de género. Hacia la construcción de estrategias para fortalecer el acceso a derechos", organizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina en coordinación con la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar todas las Formas de Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM), que preside el organismo dominicano.
El evento que se desarrolla de manera virtual tiene como fin discutir y generar acuerdos que fortalezcan y encaminen a la sociedad hacia la plena participación de las mujeres en la construcción de una Iberoamérica inclusiva, democrática y sostenible, así como en la lucha de la erradicación de la violencia económica y patrimonial contra las mujeres.
Las representantes de los mecanismos para el adelanto de la mujer resaltaron que la violencia económica y patrimonial es una de las más difíciles de identificar, y es entendida como aquella que se dirige a ejercer control, limitar o destruir los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres como el salario, bienes o propiedades, objetos, documentos personales, bienes, dinero, entre otros elementos necesarios para tener una vida digna.
Durante su intervención, la ministra dominicana, Mayra Jiménez, destacó que este tipo de violencia tiene componentes profundamente arraigados en los estereotipos de género y la división sexual del trabajo, lo que produce relaciones de poder desiguales que replican el control sobre el acceso y uso de los recursos por parte de las mujeres.
Mayra Jiménez señaló que el fenómeno causa, además, dependencia económica y limita la autonomía de las mujeres, así como su capacidad para la toma de decisiones.
En ese sentido, dijo que es “altamente importante promover políticas, programas y proyectos que reconozcan y fortalezcan la autonomía económica como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de los estados”.
Asimismo, la ministra resaltó que la plataforma de cooperación que constituye la IIPEVCM es una herramienta potable para dar vida a los compromisos dirigidos a impulsar la autonomía económica de las mujeres y con esto disminuir los riesgos de violencia económica y patrimonial.
Por otro lado, la encargada de Autonomía Económica del Ministerio de la Mujer, Jennifer Lantigua De La Rosa, que participó en el panel “Violencia Económica contra las mujeres: nuevas manifestaciones, abordaje institucional y estrategias de prevención y eliminación de todas sus formas. Panorama Iberoamericano”, manifestó que durante los últimos 25 años República Dominicana ha experimentado un sólido crecimiento económico y a pesar del impacto de la pandemia del covid 19, la oportuna respuesta del gobierno que preside el presidente Luis Abinader, permitió una rápida recuperación con un crecimiento de un 12,3% para 2021.
Sin embargo, indicó que para las dominicanas y mujeres de la región persisten obstáculos como la responsabilidad familiar, altos costos de formalización, dificultad para el acceso al crédito, entre otros, lo que demuestra que la violencia económica y patrimonial no es solo ejercida en el hogar, si no también desde el exterior.
Lantigua aprovechó su turno para enumerar algunas de las estrategia e iniciativas que se desarrollan desde el Ministerio de la Mujer de República Dominicana para impulsar la autonomía económica de la mujer como el sometimiento del Proyecto de Ley Integral de Violencia, la aplicación del Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia, el programa de reparación integral para mujeres víctimas de violencia el cual incluye reparación económica, y la entrega del Bono Mujer para apoyar a mujeres de sectores vulnerables en el acceso a su primera vivienda con servicios básicos y otras facilidades.
En tanto, la directora de Prevención y Atención a la Violencia del Ministerio de la Mujer, Jesica Croce, quien participó en el cierre del seminario, compartió que las interacciones y discusiones del evento contribuyen a los esfuerzos de la IIPEVCM.
Croce resaltó que, como resultado de los diálogos, han identificado la necesidad de establecer una conceptualización diferenciada para la violencia económica y patrimonial para que no siga subsumida en la violencia psicológica como ocurre con frecuencia.
Asimismo, desagregar información que permita mejorar las estrategias de intervención, continuar apoyando todos los esfuerzos para que la dimensión de la reparación integral sea parte de las estrategias frente a este tipo de violencia, seguir avanzando en las políticas de cuidado, así como en la disminución de las brechas para el acceso a la justicia y aplicación de estrategias innovadoras.
Este seminario se enmarca dentro de los esfuerzos articulados a nivel regional para reducir las barreras que limitan la plena autonomía de las mujeres y su participación, en condiciones de igualdad, en la vida pública, política y productiva, barreras que persisten a pesar de los avances alcanzados para el cierre de brechas de género en los ámbitos políticos, económicos y sociales, y que han profundizado las crisis climáticas, sanitarias y políticas.
