Santo Domingo. Encabezada por la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, una delegación del Ministerio de la Mujer, sostuvo una reunión con la Comisión Permanente de Asuntos de Familia y Equidad de Género del Senado de la República, en la que expuso su interés de que la propuesta de Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, que se encuentra depositada en dicha comisión, sea conocida a través de una comisión bicameral.
La ministra destacó que la integración a una comisión de trabajo conjunto entre legisladoras y legisladores de las dos cámaras que conforman el Congreso Nacional permitirá avanzar en las consultas de validación del proyecto de ley, así como dar respuesta, no solo a un compromiso de la actual gestión de gobierno, sino “la respuesta a una necesidad de la sociedad dominicana”.
La funcionaria indicó que esta opción “es un camino mucho más rápido para avanzar y no tener que repetir la misma discusión”, al tiempo que resaltó que a lo que aspira el Ministerio de la Mujer es a que en el Congreso puedan escuchar al pueblo dominicano.
Durante el encuentro, la encargada de Agenda Legislativa para la Igualdad, Melina Záiz, explicó que esta ley establece el derecho de reparación de las víctimas, reconoce los tipos de violencia que actualmente existen en República Dominicana, tipifica oportunamente, sanciona tomando en cuenta el mismo sistema de infracción del código penal y ordena el sistema de protección especializada. Asimismo, destacó que no contar con una ley genera anulaciones y vacíos que limitan la respuesta institucional a la violencia dentro de un Estado garantista de los derechos de las mujeres.
En tanto, la presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos de Familia y Equidad de Género del Senado de la República, senadora Melania Salvador, y las también legisladoras Faride Raful y Lía Díaz valoraron con “certeras” y “oportunas” las observaciones realizadas por la ministra y su equipo. Indicaron, además, que la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres debe considerarse como una prioridad y ha experimentado “muchas largas”.
Más sobre la Ley
La propuesta de Ley Orgánica Integral de Prevención, Atención, Persecución, Sanción y Reparación, para la erradicación de la violencia contra las mujeres fue sometida por el Poder Ejecutivo en diciembre del 2022 y, como parte de sus objetivos, tipifica y sanciona el acoso en sus diferentes ámbitos para superar la limitante actual que solo lo reconoce en su manifestación sexual.
De igual forma, esta propuesta incorpora sanciones al acoso sexual callejero como nuevo tipo penal y sanciona diversos tipos de violencia de género, como la violencia patrimonial, económica, psicológica, política y la cibernética, entre otros tipos.
El proyecto de Ley pretende establecer un marco jurídico actualizado sobre las órdenes de protección a víctimas y a fortalecerlas para prevenir la comisión o reiteración de las infracciones establecidas y sancionadas en el proyecto de Ley. Estas iniciativas legislativas, fueron elaboradas por el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial, y la Policía Nacional, entre otras.
Santo Domingo. El Ministerio de la Mujer externó, este jueves, una serie de recomendaciones que llevará a una reunión con una comisión especial de la Cámara de Diputados para que en la modificación a la Ley No. 15-19, del Régimen Electoral, aprobada en el Senado de la República, se asegure la igualdad y la equidad de género, contenido en el artículo 39, premisa fundamental para avanzar hacia un Estado democrático, social y de derecho.
La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, indicó que es imprescindible asegurar la paridad en consonancia con la Constitución que exige de los poderes del Estado que se debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control.
Jiménez manifestó que el logro de la paridad en todos los puestos de elección popular es una de las metas contempladas en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y es, además, una herramienta para garantizar la plena participación política de las mujeres, tal como establece el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG III) del Ministerio de la Mujer y es el compromiso la actual gestión de gobierno.
“La paridad es fundamental para producir la transformación cultural que rompa con las barreras estructurales que reproducen las desigualdades y privan a la sociedad del máximo aprovechamiento de las capacidades y aportes de las mujeres. Así mismo, es necesaria una legislación electoral que contribuya a erradicar la discriminación y la exclusión; y que quienes compitan disfruten de las mismas oportunidades bajo condiciones de igualdad y equidad”, agregó.
La ministra enfatizó que no contar con un dispositivo legal específico, que definan y sancionen la violencia política, las mujeres se enfrentan a distintos obstáculos para acceder a puestos de elección popular en condiciones de igualdad.
Mayra Jiménez detalló que entre las múltiples barreras que limitan a las mujeres para competir en condiciones de equidad está el alto costos de las candidaturas, lo que las desalienta en el proceso electoral, para sostenerse en el proceso o repetir en siguientes contiendas.
Consideraciones del Ministerio de la Mujer para la Cámara de Diputados con relación a la reforma a la Ley Orgánica del Régimen Electoral:
Incluir un artículo específico sobre paridad de género en el que se establezca claramente que la forma y mecanismos de escogencia de las y los candidatos a puestos de elección popular, así como la permanencia y vacancia de dichos puestos.
Respetar en todo momento el principio de paridad de género, cincuenta por ciento (50%) de mujeres y cincuenta por ciento (50%) de hombres, en todas las demarcaciones y que se establezca responsabilidad civil administrativa a la inobservancia de esta. La paridad deberá ser aplicada de forma vertical y horizontal en la presentación de candidaturas por parte de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
Es importante reiterar lo que ya ha sido determinado por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Superior Electoral: la aplicación de la cuota de género debe observarse en cada demarcación electoral; no en la propuesta nacional de cada partido. Lo contrario constituiría una transgresión al principio de progresividad, al derecho a la participación política de las mujeres y al derecho a la igualdad y la equidad de género.
Incluir, definir y sancionar la violencia política contra las mujeres dentro de las infracciones administrativas electorales, entendida como toda acción orientada a menoscabar o anular, de manera directa o indirecta, el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres mediante la realización o promoción de actos, conductas u omisiones que constituyan formas de violencia basada en género.
Incorporar dentro de la propaganda prohibida en la pre y campaña electoral la divulgación o difusión de imágenes, mensajes o información, por cualquier medio físico o virtual, que transmitan y/o reproduzcan estereotipos de género basados en relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres.
Reducir los topes en los gastos de campaña y establecer mecanismos explícitos de fiscalización de estos.
Explicitar, además, que la inversión de los recursos del Estado para apoyar candidaturas a puestos de elección popular en todo el territorio nacional deberá distribuirse atendiendo a la paridad de género.
Asegurar que en todo el texto de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral quede explícito el enfoque de igualdad y equidad de género.
En virtud de lo expuesto el Ministerio de la Mujer solicitará una reunión a la comisión especial de la Cámara de Diputados responsable de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19, a los fines de presentarle las recomendaciones.
