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Santo Domingo. El Ministerio de la Mujer valoró como positiva la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de la declaración de urgencia del conocimiento de acción directa de inconstitucionalidad contra el Artículo 142 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral que establece la cuota de género a nivel nacional y no por demarcación territorial, lo que vulnera la participación política de las mujeres en los cargos electivos.

Tras la audiencia, en la que el Ministerio de la Mujer funge como accionante de intervención voluntaria, la directora de Gabinete de la institución, Carolina Alvarado Bolaños, afirmó que “la ley debe ser progresiva y nunca retroceder en materia de derechos de las mujeres”.

Alvarado Bolaños aseguró que para el Ministerio de la Mujer las nominaciones y propuestas de candidaturas a diputaciones, regidurías y vocales, deben estar integradas por no menos de un 40%, ni más de un 60% de hombres y mujeres de la propuesta territorial y no nacional como está establecido actualmente.

Por otro lado, la representación legal del Ministerio de la Mujer, compuesta por los abogados Juan Carlos Sánchez y José Ureña, y la abogada Melina Zaiz, resaltaron la importancia del precedente de declaratoria de inconstitucionalidad sobre artículos de esta naturaleza, tal como señaló el magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Milton Ray Guevara, quien refirió que las decisiones del Tribunal Constitucional “son definitivas e irrevocables y que constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes del Estado”.

El equipo jurídico del Ministerio de la Mujer explicó que la institución fue citada por el TC e hicieron acto de presencia amparados en la Ley 86-99 que crea el ministerio como el ente rector de la política nacional para la igualdad y equidad de género, que le responsabiliza de evaluar los marcos jurídicos existentes y proponer modificaciones legales que erradiquen todas las formas de discriminación contra la mujer y que limiten sus derechos.

Asimismo, el Ministerio de la Mujer fundamenta su intervención en sus atribuciones de monitorear y promover el cumplimiento de los convenios y tratados que se han ratificado entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que forma parte del bloque de constitucionalidad del Estado dominicano.

Durante las conclusiones solicitaron al Tribunal Constitucional, realizar una interpretación de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral en consonancia con la Constitución Dominicana, y que disponga la aplicación de la cuota de género por demarcación territorial, en sustitución de la propuesta nacional.

La directora de Gabinete, Carolina Alvarado Bolaños, dijo que el Ministerio de la Mujer espera que el fallo sea consecuente con lo que ya se ha planteado anteriormente y lo que el mismo tribunal ha dispuesto respecto a la participación política de las mujeres.

La comisión del Ministerio de la Mujer estuvo también compuesta por la viceministra Administrativa, Doris Javier; y la directora de Comunicaciones, Carolina Acuña.

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Santo Domingo. La directora del Gabinete del Ministerio de la Mujer, Carolina Alvarado Bolaños, encabezó, junto a Olaya Dotel Caraballo, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd); Josefina Arvelo, socióloga y docente de la UASD; y María Teresa Morales, consultora de BTA-Atlántico-Asonahores-Unesco, el panel “Violencia contra las mujeres en la política: avances y desafíos”, donde resaltó que en los últimos años el país han avanzado en el proceso de eliminar barreras y discriminación para las mujeres en la política.

Durante el desarrollo de la iniciativa del Tribunal Superior Electoral (TSE) en el marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer, extendidas durante todo el mes de marzo, Alvarado precisó que este progreso se refleja a través de los marcos normativos nacionales y el logro de escalar el debate de la violencia política.

La directora indicó que las normas “deben tener dientes y garras” para que sean operativas, de modo que los organismos pertinentes las tomen y puedan hacerlas realidad; puedan crear jurisprudencia y hacer justicia con calidad y desde el marco de los derechos humanos de las mujeres.

De su lado, Josefina Arvelo manifestó que “no es verdad que a las mujeres no les interesa o no participan en la política” ya que el estudio “Más mujeres, más democracia” revela 46% de féminas presentan simpatía y más del 61% ha estado involucrada en procesos y reuniones a fines.

En tanto la viceministra Olaya Dotel Caraballo expresó que tal como las mujeres son la mitad en términos poblacional; en términos de los organismos de gobierno, también deben ser el 50%.
Mientras, María Teresa Morales, expresó que, de acuerdo a datos del Observatorio Político Dominicano, República Dominicana tendrá para el 2024 “una gran participación de mujeres en la política y que se ha logrado “poco a poco” advertir cuáles son esas acciones en las que se violenta la participación de la mujer.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, al pronunciar las palabras centrales de la actividad, manifestó su agradecimiento a la UASD por su apoyo a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Vicerrectoría de Extensión. Además, a todas las instituciones participantes por aunar esfuerzos para juntos, luchar por erradicar la violencia política contra la mujer en República Dominicana.

Mientras, la Jueza Titular del TSE, magistrada Rosa Pérez de García, explicó que este tipo de encuentros buscan seguir educando y concienciando sobre la violencia política contra las mujeres a fin de superar su manifestación, para ello, el magistrado presidente del TSE, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, manifestó que el TSE articula esfuerzos con entidades como la OEA, Ministerio de la Mujer, Organización de Mujeres Municipalistas y otras.

La vicerrectora de Extensión de la UASD, Rosalía Sosa, destacó la relevancia de la discusión oportuna de la violencia contra las mujeres en la política, al tratarse de uno de los principales obstáculos para el ejercicio ciudadano de participación, de asociación, de elegir y ser elegidas.

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  • Para acabar con la desigualdad estructural y prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra niñas y mujeres se insta a los Ejecutivos a tomar medidas políticas y sociales.
  • República Dominicana se prepara para recibir a las Jefas y Jefes de Estado en la XXVIII Cumbre Iberoamericana en marzo de este año.

Santo Domingo. - Avanzar en la participación igualitaria y sustantiva de las mujeres en toda su diversidad, fortalecer su independencia económica y social y acabar con las múltiples violencias y acoso por razón de género, es el propósito de la Declaración adoptada por las ministras , y altas autoridades de Iberoamérica de las instituciones que trabajan por la igualdad de las mujeres.

Con la aprobación por consenso de los 22 países iberoamericanos, la Declaración, busca abordar los problemas estructurales de la desigualdad y propugna un nuevo modelo de desarrollo transformador para una Iberoamérica más justa y sostenible. El modelo propugnado pone en el centro la sostenibilidad y apuesta por la igualdad de género y la plena participación y autonomía de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada.

En esta reunión, la IV Conferencia de Ministras y Altas Autoridades de los Mecanismos de Adelanto de las Mujeres, los países se comprometerán a establecer todas las medidas necesarias (temporales o no) y acciones afirmativas para promover la igualdad y participación de las mujeres, especialmente de aquellas en situacion de vulnerabilidad.

El documento aprobado en la clausura aboga además por impulsar políticas exteriores feministas, promover los sistemas integrales de cuidados, redoblar los esfuerzos para acabar con las brechas legales, económicas, sociales y digitales, garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva y garantizar un enfoque de género bajo un enfoque de interseccionalidad y territorialidad.

Aparte, la declaración hace mención para seguir específica apoyando la creación y fortalecimiento de herramientas creadas y nacidas en Iberoamérica por la igualdad, como la Plataforma Virtual de legislación en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres de Iberoamérica o la Iniciativa Iberoamericana para prevenir y prevenir prevenir prevenir prevenir eliminar la Violencia contra las Mujeres, aprobar en la última Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado  (Andorra 2021), como ejemplos prácticos de instrumentos para políticas públicas que promueven la igualdad de género.

Estos son otros de los temas que llevarán a la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que República Dominicana prepara para marzo de este año como Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana y donde se pretende avanzar en el diálogo político, social y económico “Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible”.

La clausura de este encuentro estuvo encabezada por el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; la ministra de la Mujer dominicana, Mayra Jiménez; el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, en representación del canciller Roberto Álvarez; y el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand.

El presidente Abinader manifestó que el gobierno que dirige tiene un compromiso inquebrantable para seguir trabajando “cada día y en cada rincón del país” para promover el crecimiento profesional de las mujeres, brindando facilidades para los estudios superiores, apoyo para el emprendimiento, oportunidades de empleos dignos y una remuneración adecuada que les permita vivir con tranquilidad y dignidad.

El mandatario resaltará la importancia de la IV Conferencia Iberoamericana de Género, como plataforma que permitió “discutir y crear acuerdos que fortalecerán y encaminarán la plena participación de las mujeres en la construcción de una Iberoamérica inclusiva, democrática y sostenible”.

En tanto que la ministra Jiménez dijo que “esta conferencia ha puesto de manifiesto el reconocimiento que existe en nuestra región sobre la necesidad de la participación y representación igualitaria y sustantiva de las mujeres en los espacios de poder para la toma de decisiones, en condiciones de igualdad y libres de acoso y violencia política, para que Iberoamérica pueda alcanzar un desarrollo sostenible y fortalecer la calidad de sus democracias”.

Durante la inauguración de esta reunión, el secretario general Allamand, recordó que la igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino también la base necesaria para conseguir sociedades pacíficas, prósperas y sostenibles. Así mismo, señaló la necesidad de desplegar nuevas líneas de acción, y reforzar las existentes para garantizar que las acciones de la comunidad iberoamericana lleguen a todos sus habitantes, sin exclusiones. “Nuestro objetivo es que la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación por género sea una preocupación constante y transversal, que permee y oriente todo el quehacer de la Comunidad, transformándose en parte de la identidad Iberoamericana”, afirmó.

El encuentro contó también con la participación y presencia de ONU Mujeres, Cepal, PNUD y la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras y retomó su actividad tras once años sin celebrarse, y ha sido organizado por República Dominicana, en calidad de Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana, y la Secretaría General Iberoamericana.

Descargue la declaración apotada por las ministras y altas autoridades de Iberoamérica de las instituciones que trabajan por la igualdad de las mujeres, en el siguiente enlace:  Declaración IV Conferencia Iberoamericana de Género

Acerca de la SEGIB 

La Secretaría General Iberoamericana, en su carácter de órgano permanente de apoyo institucional, técnico y administrativo a la Conferencia Iberoamericana, tiene como objetivos: a) contribuir al fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana y asegurarle una proyección internacional; b) coadyuvar a la organización del proceso preparatorio de las Cumbres y de todas las reuniones iberoamericanas; c) fortalecer la labor desarrollada en materia de cooperación, de conformidad con el Convenio de Bariloche; yd) promover los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos entre los países iberoamericanos, reconociendo y valorando la diversidad de sus pueblos.

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Santo Domingo.  El Ministerio de la Mujer externó, este jueves, una serie de recomendaciones que llevará a una reunión con una comisión especial de la Cámara de Diputados para que en la modificación a la Ley No. 15-19, del Régimen Electoral, aprobada en el Senado de la República, se asegure la igualdad y la equidad de género, contenido en el artículo 39, premisa fundamental para avanzar hacia un Estado democrático, social y de derecho.

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, indicó que es imprescindible asegurar la paridad en consonancia con la Constitución que exige de los poderes del Estado que se debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control.

Jiménez manifestó que el logro de la paridad en todos los puestos de elección popular es una de las metas contempladas en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y es, además, una herramienta para garantizar la plena participación política de las mujeres, tal como establece el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG III) del Ministerio de la Mujer y es el compromiso la actual gestión de gobierno.

“La paridad es fundamental para producir la transformación cultural que rompa con las barreras estructurales que reproducen las desigualdades y privan a la sociedad del máximo aprovechamiento de las capacidades y aportes de las mujeres. Así mismo, es necesaria una legislación electoral que contribuya a erradicar la discriminación y la exclusión; y que quienes compitan disfruten de las mismas oportunidades bajo condiciones de igualdad y equidad”, agregó.  

La ministra enfatizó que no contar con un dispositivo legal específico, que definan y sancionen la violencia política, las mujeres se enfrentan a distintos obstáculos para acceder a puestos de elección popular en condiciones de igualdad.

Mayra Jiménez detalló que entre las múltiples barreras que limitan a las mujeres para competir en condiciones de equidad está el alto costos de las candidaturas, lo que las desalienta en el proceso electoral, para sostenerse en el proceso o repetir en siguientes contiendas.

Consideraciones del Ministerio de la Mujer para la Cámara de Diputados con relación a la reforma a la Ley Orgánica del Régimen Electoral:

Incluir un artículo específico sobre paridad de género en el que se establezca claramente que la forma y mecanismos de escogencia de las y los candidatos a puestos de elección popular, así como la permanencia y vacancia de dichos puestos.

Respetar en todo momento el principio de paridad de género, cincuenta por ciento (50%) de mujeres y cincuenta por ciento (50%) de hombres, en todas las demarcaciones y que se establezca responsabilidad civil administrativa a la inobservancia de esta. La paridad deberá ser aplicada de forma vertical y horizontal en la presentación de candidaturas por parte de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

Es importante reiterar lo que ya ha sido determinado por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Superior Electoral: la aplicación de la cuota de género debe observarse en cada demarcación electoral; no en la propuesta nacional de cada partido. Lo contrario constituiría una transgresión al principio de progresividad, al derecho a la participación política de las mujeres y al derecho a la igualdad y la equidad de género.

Incluir, definir y sancionar la violencia política contra las mujeres dentro de las infracciones administrativas electorales, entendida como toda acción orientada a menoscabar o anular, de manera directa o indirecta, el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres mediante la realización o promoción de actos, conductas u omisiones que constituyan formas de violencia basada en género.

Incorporar dentro de la propaganda prohibida en la pre y campaña electoral la divulgación o difusión de imágenes, mensajes o información, por cualquier medio físico o virtual, que transmitan y/o reproduzcan estereotipos de género basados en relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres.

Reducir los topes en los gastos de campaña y establecer mecanismos explícitos de fiscalización de estos. 

Explicitar, además, que la inversión de los recursos del Estado para apoyar candidaturas a puestos de elección popular en todo el territorio nacional deberá distribuirse atendiendo a la paridad de género.  

Asegurar que en todo el texto de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral quede explícito el enfoque de igualdad y equidad de género.

En virtud de lo expuesto el Ministerio de la Mujer solicitará una reunión a la comisión especial de la Cámara de Diputados responsable de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19, a los fines de presentarle las recomendaciones.

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Actividad conjunta entre JCE, Ministerio de la Mujer, PNUD y CIPAF

Santo Domingo. La Junta Central Electoral (JCE) , junto al Ministerio de la Mujer, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) realizaron este martes a la conferencia “Liderazgo Político de las Mujeres en los Procesos Electorales”, a cargo de exvicepresidenta de la República de Costa Rica, Epsy Campbell, como parte de las acciones desarrolladas para contribuir con el fortalecimiento y la participación política de las mujeres.

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo; la representante del PNUD en el país, Inka Mattila; y la ministra de la Mujer, Maira Jiménez, resaltaron en las palabras de bienvenida las acciones que buscan motivar la participación política de las mujeres garantizándoles el espacio a las mismas.

El escenario fue propicio para que Jáquez Liranzo, resaltara que la JCE ponderó en la propuesta de reforma electoral que la paridad para la presentación de candidatos y candidatas en todos los puestos de elección popular, estableciendo un 50/50 de mujeres y hombres, en consonancia con el mandato constitucional.

“A pesar de contar con un rico marco constitucional, que avala una participación equilibrada entre hombres y mujeres, aún persisten en la República Dominicana y la región importantes desafíos que cuestionan la calidad de nuestros sistemas políticos y evidencian la necesidad de fortalecer la garantía de los derechos de políticos y electorales, principalmente de las mujeres”, apuntó Jáquez Liranzo, quien abogó que “la igualdad entre mujeres y hombres no sea un mero discurso, sino un compromiso.

De su lado, la ministra de la mujer, Mayra Jiménez, sostuvo que redistribuir el poder político es la única garantía que tienen las sociedades para avanzar y dar el salto cualitativo hacia una nueva humanidad y hacia modelos de vida y desarrollo más sustentables.

“Las evidencias muestran que cuando el ejercicio del poder y la política se fundamentan en la igualdad, las sociedades logran profundas trasformaciones en la cultura, en las prácticas institucionales y en el cierre de las brechas que afectan el desarrollo humano y el progreso de las mujeres", señaló Jiménez.

En tanto que Inka Mattila, representante residente del PNUD en el país anunció que este año el país se suma a la iniciativa regional ATENEA del PNUD, ONUMujeres e IDEA Internacional mediante la cual iniciarán el desarrollo del Índice de Paridad Política, “un instrumento que permite medir el ejercicio real de los derechos políticos de las mujeres en República Dominicana y a un nivel comparativo regional, el cual se realizará en un esfuerzo conjunto con la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Ministerio de la Mujer”.  

Al iniciar la conferencia “Liderazgo Político de las Mujeres en los Procesos Electorales”, la exvicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, felicitó al país por poner sobre la mesa el debate de la paridad y el objetivo de alcanzar la misma, el cual dijo, es un desafío fundamental de la igualdad, la democracia y la agenda 20-30.

Expresó que el objetivo es garantizar y generar los elementos para confluir en el proceso de República Dominicana en lograr una participación paritaria de las mujeres, al apuntar que lo que se persigue es lograr una democracia absolutamente sólida que debe ser intercultural y paritaria, donde la fotografía del poder refleje a los y las habitantes que quiere representar.

Manifestó que estos son tiempos desafiantes en los que la pandemia de covid-19 dejó al descubierto la desigualdad y una realidad económica poscovid que puso en una condición de vulnerabilidad a muchos sectores, expulsando primero a las mujeres de los puestos de trabajo y son las últimas que se contratan.

“Evidentemente está la esperanza de que tenemos un compromiso global en donde nos pusimos 17 objetivos, por cierto, el quinto relacionado con la igualdad de género, las oportunidades iguales para las mujeres”, agregó la exvicepresidenta de Costa Rica.

Informó que en Costa Rica la paridad es obligatoriamente ejecutable, que la ley no les permite a los partidos políticos inscribir sus listas si las mismas no son paritarias vertical y horizontalmente. En este sentido indicó que fue un debate en el que lograron convencer a muchos hombres, y a los partidos políticos que tienen muchas veces mayores resistencias.

“Requerimos de cambio profundo en el liderazgo político, yo quiero invitarlos a que aprendamos y que pasemos de la lógica de ese liderazgo competitivo feroz, ese liderazgo depredador de sálvese quien pueda, de ponerse en los hombros de los otros, de cortar cabezas… a un liderazgo mucho más operativo, una cosa más colectiva”, expresó Campbell. 

Manifestó que “estamos propinando realmente un cambio político, con más hombres y más mujeres desde todas sus identidades transformando esa forma de hacer, lo que promovemos es un nuevo pacto social democrático paritario intercultural”.

Señaló que es una apuesta para que se construyan responsabilidades públicas y privadas desde la cooperación, y así contribuir a tener países más inclusivos, más justos, más igualitarios y con mayor dignidad. 

“Esta es la apuesta de la democracia real, la apuesta de la democracia que tiene como objetivo último el bien común, la dignidad los derechos y la felicidad para todas las personas”, finalizó.

 

 

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